Junta de Extremadura

En el procedimiento de impugnación de actos de la administración n.º 371/2023, promovido por la representación procesal de la empresa Hospitales Cáceres UTE contra la Resolución de 24 de abril de 2023, dictada por el Secretario General de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se impone la sanción de 10.000 euros, por la comisión a la empresa de una infracción tipificada como muy grave en el artículo 8.11, del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

El artículo 40.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, aprobado mediante el Decreto 1/2022, de 12 de enero, establece que 1. Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente, esta Dirección General de Trabajo,

Que estimando la demanda interpuesta por Hospitales Cáceres UTE contra Junta de Extremadura, dejo sin efecto la resolución sancionadora litiginosa.

Notifíquese esta sentencia a las partes con instrucción de que frente a la misma no cabe recurso.

Mérida, 9 de febrero de 2026.