Junta de Extremadura

En el procedimiento abreviado n.º 77/2025, seguido ante el Juzgado Contencioso-administrativo n.º 1 de Cáceres, a instancias de D.ª María Teresa Galán Rosco contra la Resolución del Director General de Personal Docente de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura de 7 de marzo de 2025, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 17 de enero de 2025, que desestima la solicitud presentada por la recurrente sobre reconocimiento de trienios y sexenios, se dicta sentencia desestimatoria n.º 86/2025, de 26 de junio de 2025.

Posteriormente, en el recurso de apelación AP 161/2025 interpuesto por la recurrente contra dicha sentencia, la Sala de lo Contencioso-administrativo de Cáceres del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, resuelve de forma estimatoria, dictando la sentencia n.º 478/2025, de 22 de octubre de 2025.

Contra la mentada sentencia, que tiene el carácter de firme, no cabe interponer recurso alguno, por lo que procede su ejecución.

El artículo 40.1 del Decreto 1/2022, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, establece: Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el órgano competente realizará las actuaciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de la resolución judicial, dictando la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Asimismo, el artículo 9.3 del mencionado decreto establece que se entenderá suficiente a efectos de su publicación, la inserción en el Diario Oficial de Extremadura que contenga al menos los datos del demandante y demandado, el número de autos y el contenido del fallo, con expresión de la firmeza de la sentencia o resolución judicial.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

Mérida, 20 de enero de 2026.