Junta de Extremadura

En el recurso contencioso-administrativo tramitado por el procedimiento abreviado 109/2024, promovido por Carnes y Vegetales, SL, siendo parte demandada la Consejería de Infraestructuras Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, en recurso contencioso-administrativo contra la Resolución del recurso de alzada de fecha 21 de febrero de 2024, contra la Resolución dictada por el Director General de Transportes en el expediente BA0596/21 que impone una sanción de 1.250 euros, se ha dictado sentencia firme núm. 108/2024, por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida.

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dicte la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

De conformidad, con los artículos 129 a 136 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, así como con lo dispuesto en la Ley 1/2002, del 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en el Decreto 238/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, y en la Resolución de 17 de junio de 2025, del Consejero, por la que se delega el ejercicio de competencias en diversas materias y se establece el régimen de suplencia de los órganos directivos de la Consejería.

Por consiguiente, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

Proceder a la ejecución de la sentencia n.º 108/2024, de 25 de junio de 2024, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 2 de Mérida, en el procedimiento abreviado núm. 109/2024 llevando a puro y debido efecto el fallo, que es del siguiente tenor literal:

Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo presentado contra la resolución identificada en el fundamento jurídico primero de la presente, declarando nula la misma por ser contraria a derecho, con imposición de costas a la Administración demandada, teniendo en cuenta el límite fijado el último fundamento jurídico .

Mérida, 16 de febrero de 2026.