Junta de Extremadura

Habiéndose aprobado, en sesión ordinaria de 23 de diciembre de 2025, el Acuerdo referido en el encabezado, este Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural,

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 23 de diciembre de 2025, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por FONDENEX contra el Acuerdo de 18 de septiembre de 2025, por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte, y la utilidad pública de los trabajos de emergencia en los terrenos forestales comprendidos en ella.

Mérida, 30 de diciembre de 2025.

Visto el recurso de reposición interpuesto por D. Francisco R. Blanco Coronado, en su condición de Presidente de la Asociación Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (FONDENEX), con NIF G56615990, contra el Acuerdo de 18 de septiembre de 2025, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella, y en base a los siguientes,

1. Queda suficientemente claro que los terrenos sobre los que se pretende actuar en los valles de Ambroz y Jerte pertenecen a la Red Natura 2000, siendo sus códigos ES4320038 y ES4320071.

2. La Resolución de 23 de septiembre de 2025 del Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural por la que declaraba como zona de actuación urgente (ZAU) la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla (Cáceres) y distintos municipios del valle del Ambroz y valle del Jerte y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella, detallados en dicha resolución (DOE, Diario Oficial de Extremadura n.º 186), carecen de la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación vigente en las ZEC (Zona de Especial Conservación) integradas en la Red Natura 2000 y del Informe de Afección que exige el Decreto 110/2015, de 19 de mayo.

Por todo lo expuesto,

Que teniendo por presentado este escrito en tiempo y forma, se tenga por interpuesto recurso de reposición, así como por hechas las manifestaciones contenidas en el cuerpo del mismo y, previa la tramitación que corresponda: Revoque mediante nulidad o subsidiariamente anulabilidad, la Resolución de 23 de septiembre de 2025 del Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural por la que declaraba como zona de actuación urgente (ZAU) la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla (Cáceres) y distintos municipios del valle del Ambroz y valle del Jerte, así como todos los documentos del citado proyecto. ( ) .

En el mismo también se indica: No obstante, dado que el proyecto se localiza en los espacios incluidos en la Red Natura 2000 ZEC Sierra de Gredos y Valle del Jerte, se le dio traslado de la documentación presentada al Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas de la Dirección General de Sostenibilidad, al objeto de determinar si el proyecto que se quiere llevar a cabo puede afectar de forma apreciable a espacios incluidos en la Red Natura 2000, y por tanto ser de aplicación el artículo 73.b de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y fuera necesario que el proyecto se sometiera al procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada establecido en el artículo 74 de dicha norma.

Una vez recibido informe de Afección a la Red Natura 2000 y sobre la Biodiversidad, emitido por el Servicio de Conservación de la Naturaleza y Áreas Protegidas, se desprende que, la actividad solicitada no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan una serie de medidas en él recogidas, por lo que se le da traslado del citado informe para su conocimiento y efectos oportunos .

A estos antecedentes le son de aplicación los siguientes,

El artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP) establece que, contra las resoluciones y actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de dicha ley.

A su vez, el artículo 123.1 de la LPACAP prevé que los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

La recurrente califica de forma expresa su escrito como recurso de reposición, por lo que, teniendo en cuenta lo anterior y que los acuerdos de este Consejo de Gobierno ponen fin a la vía administrativa, resulta procedente calificar el escrito presentado por FONDENEX como recurso de reposición interpuesto contra el Acuerdo de 18 de septiembre de 2025, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella.

En virtud de todo lo anterior, el órgano competente para resolver el recurso presentado por FONDENEX es el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, dado que es el órgano que dictó el acto objeto de recurso, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 123 de la LPCAP, y el artículo 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero.

El artículo 112 de la LPACAP exige la condición de interesado para estar legitimado para la interposición de los recursos de alzada y potestativo de reposición. Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental en su artículo 5.1.g) establece que se consideran personas interesadas a los efectos de esta misma:

1.º Todas aquellas en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.º Cualesquiera personas jurídicas sin ánimo de lucro que, de conformidad con la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE), cumplan los siguientes requisitos:

La Asociación FONDENEX (Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura) figura inscrita al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, con fecha 20 de septiembre de 2023, y número de registro -8172- de la Sección 1.ª de la provincia de Badajoz, según consta en el Registro de Asociaciones de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura.

Por ello, se reconoce legitimación activa a FONDENEX para la interposición del recurso potestativo de reposición objeto del presente acuerdo.

Y en virtud del artículo 123.1 de la LPCAP, los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado, quedando fijado en el artículo 124 el plazo de un mes para la interposición del recurso.

Es de aplicación, de igual forma, lo dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en materia del recurso de reposición.

El presente recurso, según resulta de los antecedentes expuestos, ha sido interpuesto por persona legitimada al efecto y dentro del plazo legalmente establecido, al no haber transcurrido entre la publicación del Acuerdo recurrido y dicha interposición un plazo superior al mes al que se alude en los artículos 102 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 124 de la LPCAP.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de septiembre de 2025 declara como zona de actuación urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella, con la finalidad de intervenir con urgencia sobre los terrenos forestales, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de la superficie afectada se encuentra dentro de la Red Natura, para revertir en todo lo posible las consecuencias del incendio y evitar la producción de daños mayores, principalmente los derivados de los procesos erosivos, circunstancias en las que se observa un notable interés general, consistente en que con las medidas proyectadas se pretende reparar las importantes consecuencias que para el mantenimiento de los ecosistemas ha ocasionado el incendio forestal .

El artículo 274 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura en su apartado 1 establece que:

Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:

Asimismo, el apartado 2 del artículo citado anteriormente establece que para declarar una zona de actuación urgente (ZAU) se requiere la propuesta formulada por la Dirección General competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de oficio o a instancia de los titulares o propietarios de los terrenos forestales o de alguna entidad local en cuya circunscripción estén situados los terrenos forestales afectados, para lo cual elaborará un plan de actuación con el siguiente contenido mínimo:

Vistas las alegaciones y demás documentación obrante en el expediente, el objeto del presente recurso se centra en determinar si los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en zona de actuación urgente de la superficie afectada por el incendio iniciado el día 12 de agosto de 2025 en el municipio de Jarilla y distintos municipios del Valle del Ambroz y Valle del Jerte carecen de la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación vigente en las ZEC (Zona de Especial Conservación) integradas en la Red Natura 2000 y del informe de afección que exige el Decreto 110/2015, de 19 de mayo.

En primer lugar, y en cuanto a la normativa que resulta de aplicación al presente caso la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece en su artículo 90 las excepciones de sometimiento de los proyectos a evaluación de impacto ambiental, en los siguientes términos:

Artículo 90. Excepciones.

1. No se someterán a evaluación de impacto ambiental simplificada o abreviada, aquellos proyectos incluidos en los anexos V y VI que se excepcionen por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, mediante acuerdo motivado, por razones de emergencia y excepcional interés público, haciendo constar en el mismo las razones que justifican dicha excepción, así como las previsiones ambientales que en cada caso se estimen necesarias, en orden a minimizar el impacto ambiental de su ejecución. El acuerdo de exclusión y los motivos que lo justifican se publicarán en el Diario Oficial de Extremadura.

En tales casos, se examinará la conveniencia de someter el proyecto excluído a otra forma de evaluación.

Igualmente quedarán excluídos los proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando tal aplicación pudiera tener repercusiones negativas sobre tales objetivos.

2. Adicionalmente, se pondrá a disposición de las personas interesadas la siguiente información:

Asimismo, Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 8 dispone:

Artículo 8. Supuestos excluídos de evaluación ambiental y proyectos excluibles.

A este respecto consta en el expediente Resolución del Director General de Sostenibilidad, de 2 de diciembre de 2025, de no procedencia de sometimiento del procedimiento a evaluación ambiental, por no encontrarse incluido dentro de los anexos IV, V y VI de la Ley 16/2015, de 23 de abril, de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura. En la misma se concluye que no requiere ser sometido al procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ordinaria, simplificada o abreviada, recogido en dicha norma.

Por otro lado, y del artículo 8 de la Ley 21/2013 anteriormente citado se infiere, como principio general, que las posibilidades de exclusión reguladas no eximen al promotor de efectuar un informe de repercusiones sobre los hábitats y especies objetivo de conservación de los espacios afectados, incluyendo las medidas preventivas, correctoras y compensatorias Red Natura 2000. En relación con ello, existe en el expediente Informe de afección a la Red Natura del Director General de Sostenibilidad, con número de expediente CN25/7240/22 relativo al Incendio Jarilla, en que se Informa favorablemente la actividad solicitada, ya que no es susceptible de afectar de forma apreciable a los lugares incluidos en la Red Natura 2000, siempre que se cumplan las medidas indicadas .

Lo anterior lleva como consecuencia la desestimación del presente recurso, al no ser cierto lo alegado por la recurrente en el mismo, pues ha que dado constatado que el órgano competente ha solicitado pronunciamiento al órgano ambiental y el mismo se ha pronunciado al respecto.

Mediante otrosí solicita la recurrente la inmediata suspensión cautelar de las obras y de la ejecutividad de la resolución impugnada. En este sentido, los apartados 1 y 2 del artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, establecen que:

1. La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el ocasionado al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:

De este modo, se observa que la medida de tutela solicitada no tiene aplicación automática, sino carácter discrecional. Corresponde al órgano competente ponderar el perjuicio que la suspensión podría causar al interés público o a terceros —en este caso, sobre los terrenos forestales afectados, cuya recuperación busca revertir las consecuencias del incendio y evitar daños mayores— frente al perjuicio que la eficacia inmediata del acto impugnado ocasionaría al recurrente.

Para realizar esta valoración comparativa, el solicitante debe acreditar de forma clara e inequívoca el perjuicio que sufriría con la ejecución inmediata del acto. No basta con invocar genéricamente daños futuros o eventuales. La jurisprudencia (STS 16-03-2000 y STS 11-06-1991) exige una descripción racional y lógica de los daños, así como su acreditación efectiva. En el mismo sentido se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 2002, 15 de enero de 2008 y 5 de marzo de 2008.

En el presente caso, el recurrente no ha alegado perjuicio de imposible o difícil reparación , por lo que no concurría esta circunstancia para mantener la suspensión solicitada.

Respecto a la segunda causa prevista en el artículo 117.2.b) de la Ley 39/2015 —fundamento en causa de nulidad de pleno derecho—, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de mayo de 2009 (RC 680/2008) establece que dicha nulidad debe ser evidente o manifiesta para justificar que pueda mantenerse la medida cautelar solicitada. Sin embargo, el recurrente no basa su petición en ninguna causa, ni siquiera en las alegaciones de su recurso de reposición, por lo que no se aprecia nulidad.

En consecuencia, en el presente caso hubiera procedido dictar resolución denegatoria de la suspensión cautelar por falta de las circunstancias previstas en el artículo 117.2 de la Ley 39/2015. Aunque la suspensión se produjo por silencio administrativo —conforme al artículo 117.3, que la presume si transcurre un mes sin resolución expresa—, al no haberse acreditado los perjuicios alegados, corresponde acordar el levantamiento de la suspensión de la ejecutividad del acto impugnado.

Vistos los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho precedentes, así como la documentación que obra en el expediente, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, a propuesta del Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, en uso de sus atribuciones,

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa podrá interponer directamente el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de conformidad con los artículos 10, 14 y 46 la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46.1 de la misma ley.

Mérida, 23 de diciembre de 2025.