Junta de Extremadura

Disposición adicional única. Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura.

Disposición transitoria única. Procedimientos iniciados.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

ANEXO I. MODELO NORMALIZADO PARA LA PRESENTACIÓN DE QUEJAS O SUGERENCIAS.

ANEXO II. RELACIÓN ACTUALIZADA DE LA OFICINA DE ASISTENCIA VIRTUAL Y DE LAS OFICINAS DE ASISTENCIA A LA CIUDADANÍA EXISTENTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva para la creación, organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones, así como la organización de su propia Administración y la de los entes instrumentales que de ella dependen, sujetando la actuación de la administración extremeña a los principios rectores señalados en su artículo 37, esto es respetando en su actuación, entre otros, los principios de transparencia y calidad en el servicio a la ciudadanía.

En ejecución de esta competencia, la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone, por un lado, de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, que regula los derechos de acceso a la información pública y el de participación y colaboración ciudadanas, y por otro cuenta con la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que, con la modificación operada por el artículo 13.2 del Decreto-ley 12/2020, de 19 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la reactivación de la actividad económica y social en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el proceso hacia la Nueva Normalidad , establece el marco de los derechos de la ciudadanía frente a la actuación administrativa. Asimismo, la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, dispone entre otras medidas de proximidad a la ciudadanía, el acceso a la información generada por la Administración autonómica, organismos y entidades vinculadas mediante un punto único por diferentes canales, incluye en la cartera de servicios de relación con la ciudadanía las prestaciones de personalización, información, tramitación y participación ciudadana y prevé que la ciudadanía evalúe su satisfacción con los procesos.

Mediante el Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, por el que se modifican la denominación y las competencias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se atribuye en su artículo 2 a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la competencia en transparencia y participación ciudadana, evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios de la Administración.

En concreto, el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura determina, en su artículo 11.6, que el ejercicio de competencias en materia de gobierno abierto, el servicio público de información administrativa y atención a la ciudadanía corresponde, bajo la superior dirección de la persona titular de la Consejería, a la Dirección General de Función Pública.

El nuevo decreto, que regula los servicios públicos de atención a la ciudadanía, información administrativa y participación ciudadana, se dicta asimismo en virtud de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, que dispone la necesidad de acometer una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de nuestro ordenamiento jurídico. En aplicación de este precepto, y en un ámbito que ha sufrido tantos cambios, debido al desarrollo de la administración electrónica, como el de relación de la administración con la ciudadanía, se evidencia la necesidad de aunar en un texto lo dispuesto en numerosas normas que requieren actualización.

En este ámbito se introducen novedades en las distintas vertientes de la relación entre la administración y la ciudadanía, que se han articulado a lo largo de tres capítulos.

Por un lado, en el capítulo I se establecen las disposiciones generales aplicables a los servicios públicos que se recogen en el texto del decreto, enumerando los principios que han de regir la actuación de la administración autonómica, contenidos en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y ampliados para el ámbito de aplicación de este decreto.

Así por ejemplo, teniendo en cuenta la diversidad de canales de atención y participación de que dispone la administración autonómica, se establece el principio de unidad de la información o el principio de proactividad en la actuación administrativa, entre otros, de forma que orientan la actuación administrativa garantizando el acceso a la información por tantos canales como sea posible y contando con la opinión de la ciudadanía para orientar la acción del gobierno autonómico y el funcionamiento de su administración y también para evaluar las políticas y servicios que ya están a disposición de la población extremeña.

En este capítulo I también se reúnen, por primera vez, los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la administración, que se encontraban dispersos en diferentes textos normativos, como la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, o el Decreto 7/2023, de 1 de febrero, por el que se regula la puesta en marcha del Punto Único de Acceso a la Información por diferentes canales de la Administración autonómica.

El capítulo II se dedica a regular la información administrativa y la atención a la ciudadanía, y recoge los diferentes canales disponibles, que incluyen la atención presencial y la virtual, permitiendo la incorporación a esta vía virtual de sistemas basados en la Inteligencia Artificial.

En la misma línea se relacionan las distintas modalidades de atención, algunas de las cuales se prestarán necesariamente de forma presencial y otras pueden prestarse por distintos medios a elección de quien los utilice. Se incluye como novedad la posibilidad de facilitar futuros medios de identificación y acceso a la información distintos de los previstos actualmente, y además se institucionaliza el servicio de ayuda en el inicio de un procedimiento, con la finalidad de que, en este momento de desarrollo de la administración electrónica, cualquier persona pueda interactuar con la administración autonómica independientemente de sus medios o destrezas.

En la regulación del canal de atención presencial se incorpora lo dispuesto por el artículo 84.bis de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, y se incluyen los Puntos de Registro como puntos deslocalizados de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía con entidad propia, y se incorporan al catálogo de oficinas y de servicios que se recoge en el anexo II del decreto.

Se prevé la creación del Registro de personal funcionario habilitado, dando debido cumplimiento al mandato contenido en los artículos 12.3 y 27.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este anexo II sustituirá a la Resolución de 14 de marzo de 2024, de la Consejera, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 23 de abril de 2021, de la Vicepresidenta Primera y Consejera, por la que se hace pública la creación de la Oficina de Asistencia Virtual, así como la relación de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para atender a lo previsto en el artículo 84.bis de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se prevé aquí la posibilidad de que se establezcan oficinas temporales para supuestos de alta demanda, que no puedan cubrir las oficinas o puntos existentes, o circunstancias excepcionales, acercando los servicios a la ciudadanía.

El capítulo III está dedicado a la participación ciudadana, reuniendo en este texto normativo los derechos recogidos en la Constitución, el Estatuto de Autonomía y las leyes, a través de sus cinco secciones, que garantizan la posibilidad de participación a la vez que establecen y simplifican los procedimientos para hacerlo.

Se incorpora la posibilidad de presentar quejas y sugerencias en cualquier dependencia de la administración autonómica que preste servicios y a través de la Oficina de Asistencia Virtual o del correo electrónico quejas@juntaex.es , eliminando el libro de quejas y sustituyéndolo por un medio más adecuado a los canales que se utilizan por la ciudadanía en la actualidad, incluyendo un modelo o formulario de presentación como anexo I, pero permitiendo también que cualquier documento que contenga los datos señalados en el decreto y que identifiquen a la persona que la interpone y al órgano o unidad a la que se dirija la queja o sugerencia, sirva para considerarla presentada y se tramite y resuelva de la forma más sencilla posible.

La participación en la definición de los programas y políticas públicas se regula por primera vez, permitiendo a la ciudadanía aportar ideas o señalar necesidades en relación con los planes o proyectos que tenga la administración autonómica, mediante un trámite sencillo en el Punto Único de Acceso a la Información.

De igual modo, se describe el trámite establecido para la participación en la elaboración de las disposiciones de carácter general, de forma sencilla y accesible, garantizando el ejercicio de estos derechos, recogidos en nuestro ordenamiento jurídico, y facilitando a las unidades de la administración autonómica la gestión de las aportaciones a la vez que se permite a la ciudadanía conocer también las sugerencias o aportaciones presentadas.

Por primera vez también, se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho a proponer iniciativas reglamentarias, recogido en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, y que no tenía procedimiento establecido para hacerlo.

Finalmente, se configura ampliamente la posibilidad de participación en la evaluación de políticas públicas y calidad de los servicios públicos, ofreciendo gran variedad de medios para que la administración autonómica conozca la opinión de la ciudadanía en relación con su actuación y con el objetivo de que se canalicen, a través del Punto Único de Acceso a la Información, los distintos medios de evaluación que pongan en marcha los órganos administrativos autonómicos.

Este decreto ha seguido y responde a los requerimientos de igualdad de género regulados con carácter fundamental por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de Género de Extremadura, para hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en Extremadura, y avanzar hacia una sociedad extremeña más igualitaria y justa.

Del mismo modo, el texto se adecúa a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para dar cumplimiento a los principios de necesidad y eficacia, se justifica el interés general en la necesidad de ofrecer claridad en el acceso a los derechos regulados en el decreto. De acuerdo con el principio de proporcionalidad, se entiende que el decreto es un medio idóneo para cumplir la función de simplificación y consolidación normativa en la materia objeto del mismo. En atención al principio de seguridad jurídica, el texto que se aprueba sustituye a tres textos normativos, que deroga expresamente, articulando de una forma ordenada el ejercicio de los derechos de información administrativa, atención a la ciudadanía y participación ciudadana. En relación al principio de transparencia, el proyecto ha sido sometido a los trámites de audiencia e información pública y de presentación de sugerencias en los términos legalmente previstos. Conforme al principio de eficiencia, este decreto no establece cargas adicionales para cumplir su objetivo ni resulta necesario ampliar los medios personales y materiales existentes.

Por lo expuesto, de acuerdo con el artículo 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de acuerdo con la Comisión Jurídica y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en su sesión del día 24 de febrero de 2026,

1. El presente decreto tiene por objeto regular el régimen jurídico y organizativo de la información administrativa, medios de participación y atención a la ciudadanía en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, configurados como servicios públicos que se prestan a través de los canales presencial, telefónico y digital, a elección de la persona interesada, con el objetivo de facilitar el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, el acceso a los servicios públicos y el correcto desarrollo de la función administrativa de registro.

2. Las finalidades de este decreto son:

1. Las disposiciones establecidas en el presente decreto son de aplicación a la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y a los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma, a los que también se denominará en este decreto como Administración autonómica.

2. Este decreto será igualmente aplicable a las personas y sujetos con capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto las quejas o sugerencias que se planteen sobre el funcionamiento del Servicio Extremeño de Salud y las que afecten a otros servicios públicos que dispongan de una regulación específica en la materia.

1. La Administración autonómica deberá respetar en su actuación y en sus relaciones con la ciudadanía y el resto de entidades del sector público los principios generales enumerados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en particular los relativos al objeto de este decreto como son el de simplicidad, claridad y proximidad a la ciudadanía y el de participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa.

2. Asimismo, su actuación se regirá por los siguientes principios concernientes a la información, atención y participación:

La ciudadanía en sus relaciones con la Administración autonómica tendrá garantizados los derechos reconocidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y demás normativa básica, así como los reconocidos en este decreto.

En particular, y en relación con la atención, información y participación, los siguientes:

1. El servicio público de información administrativa y atención a la ciudadanía es el medio por el que se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y a la atención administrativa consagrados en la constitución y en las leyes.

2. El servicio público de información administrativa y atención a la ciudadanía garantizará que la atención a través de cada uno de los canales esté coordinada, sea homogénea y continua, para lo que dispondrá de una base de conocimiento que garantice que el personal público encargado de la atención disponga de una fuente común de información.

3. Para que se pueda garantizar este servicio, todas las unidades, servicios y organismos de la Administración autonómica suministrarán la información relativa a los expedientes que tramiten y a los procedimientos que gestionan. En caso de que el personal que preste el servicio de información y atención no pueda acceder a la información requerida por la persona interesada, se podrá acordar el traslado de la consulta o la atención directa por parte de la unidad, servicio u organismo que disponga de la información solicitada.

1. La base de conocimiento es la herramienta común que usará el personal encargado de la atención, como fuente fundamental de información, a la que accederá mediante la plataforma o aplicación informática de la que sea dotado para la prestación del servicio público de información administrativa y de atención a la ciudadanía.

2. Constará, al menos, de un repositorio de información referente a procedimientos y trámites administrativos, órganos administrativos competentes, directorio de unidades y organismos de la Administración autonómica y modelos de formularios, todo ello con la finalidad de dar respuesta a la demanda de atención e información general de la ciudadanía.

3. Para el acceso a los servicios de información y atención de forma electrónica podrá requerirse, en función de los servicios y de la información a los que se pretenda acceder, una identificación ligera o perfil o bien la identificación y autenticación de las personas usuarias mediante los sistemas señalados en los artículos 9 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los artículos 15 y siguientes del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, y en los artículos 33 y siguientes del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como en el resto de normativa de aplicación.

4. La información contenida en la base del conocimiento será generada, suministrada y actualizada por los órganos y servicios competentes por razón de la materia, a través de los medios que se determinen.

Para la prestación efectiva del servicio de información administrativa y atención a la ciudadanía y como garantía de los derechos relacionados en el artículo 4, se establecen las siguientes modalidades de atención:

1. El servicio con competencias en información, atención y participación ciudadana elaborará un informe anual de actividad del servicio público de información y atención a la ciudadanía que será publicado en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura.

2. La evaluación de la calidad de los servicios públicos de información, atención y participación ciudadana se llevará a cabo mediante el seguimiento por parte del servicio correspondiente de la consejería con competencias en calidad y evaluación de los servicios, del grado de cumplimiento y satisfacción de los criterios y objetivos recogidos en la Carta de Servicios que se publique en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura.

La atención presencial se prestará a través de la red de Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, regulada en el artículo 84.bis de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía que prestan sus servicios de forma presencial son las reguladas en el precitado artículo 84.bis de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, y en este decreto, y se clasifican, en función de su alcance, en:

2. Todas las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía prestarán los servicios señalados en el apartado 7 del artículo 84.bis mencionado, correspondientes a las modalidades de atención relacionadas en el artículo 7 del presente decreto, y su calificación como Oficina de Asistencia General o Especializada dependerá de la Consejería con competencias en materia de atención a la ciudadanía.

3. Las Oficinas podrán contar con Puntos de Registro, que serán dependencias vinculadas a las Oficinas, que radican en una ubicación diferente de la oficina de la que dependen. Prestarán, al menos, el servicio del registro administrativo y la digitalización de documentos, además de los que se señalan en el anexo II.

4. En circunstancias excepcionales o cuando la demanda de servicios supere la capacidad de atención de las Oficinas y Puntos de Registro señalados en los apartados anteriores, podrá establecerse de forma temporal una Oficina de Asistencia a la Ciudadanía en una localización distinta a las recogidas en el anexo II.

5. Para dar cumplimiento a lo previsto en los apartados 6 y 7 del artículo 84.bis de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, la relación actualizada de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía y de los Puntos de Registro, su tipología, nivel de servicios y horario, que se contiene en el anexo II de este decreto, estará disponible a través del Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura, en la dirección de internet www.juntaex.es , donde también se informará debidamente de las Oficinas establecidas conforme al apartado 4.

1. Será personal funcionario habilitado para el ejercicio de las funciones que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el personal funcionario que preste servicios en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía y aquel a quien se habilite expresamente.

2. Solo podrá ser habilitado el personal funcionario en situación de servicio activo inscrito en el Registro General de Personal de la Junta de Extremadura.

1. Se crea el Registro de personal funcionario habilitado de la Junta de Extremadura de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, relativos a la asistencia en uso de medios electrónicos, identificación y firma, presentación solicitudes por registro electrónico, identificación en procedimiento y expedición de copias auténticas, cuyo funcionamiento se regulará mediante orden.

2. El Registro de personal funcionario habilitado será plenamente interoperable y estará interconectado con los que para dicho fin creen y habiliten las restantes Administraciones Públicas, a los efectos de comprobar la validez de las habilitaciones.

1. Las habilitaciones serán de los siguientes tipos:

2. El personal funcionario que preste servicios en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía dispondrá de una habilitación general.

3. En la sede electrónica corporativa se publicará una relación de todas las habilitaciones que se encuentren vigentes, clasificándolas por el tipo e identificando la dirección de la dependencia administrativa en la que se ubique, así como en el caso de las habilitaciones específicas, el trámite o procedimiento para el que han sido otorgadas y el órgano de adscripción de quienes las realicen.

4. Los efectos de la firma electrónica por sustitución efectuada por personal funcionario habilitado para ello se limitan a los exclusivos fines de identificación o firma previstos en la legislación básica sobre procedimiento administrativo común, no afectando al resto de trámites que correspondan a la persona interesada a la que sustituye, ni a la voluntad, conocimiento o responsabilidad derivadas de las actuaciones de aquella.

1. El servicio público de información y atención a la ciudadanía se prestará de forma virtual a través del Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura y por la Oficina de Asistencia Virtual, ofreciendo información sobre los servicios y procedimientos administrativos por medio de los siguientes canales:

2. Los servicios de información administrativa y atención a la ciudadanía, señalados en el artículo 5 de este decreto, se prestarán virtualmente por cada uno de estos canales, a elección de la persona interesada, requiriendo diversos sistemas de identificación en función de los servicios, gestión, tramitación o participación, a los que desee acceder.

1. Quienes dirijan documentos, solicitudes, escritos o comunicaciones a la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura podrán hacerlo en las condiciones y por los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. Para garantizar lo señalado en el apartado 4.a) del referido artículo 16, que garantiza el derecho a presentar documentos en el registro electrónico de la administración u organismo al que se dirijan, la Junta de Extremadura dispone del Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, creado y regulado en el Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. Su funcionamiento se regirá también por lo dispuesto en el capítulo III del título II del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, se entiende por participación ciudadana la intervención, implicación y colaboración de las ciudadanas y los ciudadanos, individual o colectivamente considerados, en los asuntos públicos, canalizadas a través de procesos de escucha activa, comunicación y conversación bidireccional.

2. El derecho a la participación ciudadana en los asuntos públicos se materializará a través de los siguientes derechos y sus correlativos procedimientos para hacerlos efectivos:

3. Los procedimientos a los que se refiere el apartado anterior se tramitarán a través del Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura, salvo que la naturaleza del procedimiento o la legislación europea o estatal básica establezcan otros medios alternativos.

Con carácter general, pueden ejercer el derecho a la participación ciudadana:

1. Tendrá la consideración de queja la expresión de una disconformidad o insatisfacción con la prestación de algún servicio o el funcionamiento de alguna unidad administrativa de la Administración autonómica.

2. Tendrán la consideración de sugerencias las propuestas presentadas que tengan como finalidad mejorar la organización, el funcionamiento y la calidad de los servicios prestados por la Administración autonómica.

3. Quedan excluidas del ámbito de aplicación de este decreto las quejas o sugerencias que se planteen sobre el funcionamiento del Servicio Extremeño de Salud y las que afecten a otros servicios públicos que dispongan de una regulación específica en la materia.

4. Las quejas y sugerencias presentadas serán debidamente custodiadas y archivadas por la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, garantizando la seguridad de los datos personales aportados.

1. Para que una queja o sugerencia pueda ser admitida y tramitada, deberá presentarse a través de los canales señalados en el artículo siguiente, y deberá incluir los siguientes datos:

2. Las quejas o sugerencias podrán presentarse conforme al modelo normalizado que consta como anexo I, el cual se pondrá a disposición de la ciudadanía en el Punto Único de Acceso a la Información y en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, así como en las dependencias en que se presten servicios públicos por la Administración autonómica.

1. Las quejas y sugerencias, que se dirigirán al órgano directivo competente en participación ciudadana, se presentarán por alguno de los siguientes medios:

2. A efectos de su constancia, recibida la queja o sugerencia por la administración, se remitirá al correo electrónico señalado la justificación acreditativa de su presentación.

3. Cuando una persona interesada en presentar una queja o sugerencia en un centro en el que se presten servicios públicos de la Administración autonómica que no sea una Oficina de Asistencia a la Ciudadanía o un Punto de Registro, aportando el modelo normalizado o documento que contenga los mismos datos cumplimentado y firmado, cualquier empleado o empleada pública de tal centro podrá asistirle, recibir el documento, y remitirlo al órgano directivo competente en participación ciudadana por alguno de los canales señalados en el apartado anterior, sin que esto suponga otorgamiento de representación y sin que el empleado o empleada tenga responsabilidad en el contenido de la queja o sugerencia presentada.

1. El órgano directivo con competencia en materia de participación ciudadana será el responsable de la tramitación de las quejas planteadas. Recibida la queja, se trasladará al órgano directivo al que se encuentra adscrito el servicio afectado por razón de la materia objeto de queja o, en su caso, al máximo responsable del organismo público correspondiente, para que emita un informe en un plazo no superior a diez días hábiles.

2. Paralelamente a la remisión al órgano directivo al que se encuentra adscrito el servicio afectado, se comunicará la apertura del expediente informativo a la persona que formuló la queja.

3. Una vez recibido el informe al que se refiere el apartado primero, el órgano directivo con competencia para tramitar y contestar las quejas elaborará la contestación en el plazo máximo de dos meses desde que se interpusiera la queja, que referirá las actuaciones realizadas y las medidas, en su caso, adoptadas y la comunicará a quien formuló la queja.

4. Trascurridos dos meses desde la fecha de presentación de la queja sin haber obtenido respuesta, la persona afectada podrá dirigirse al órgano directivo con competencia en materia de participación ciudadana a fin de conocer los motivos que han originado la falta de contestación.

5. La ciudadanía podrá conocer el estado de tramitación de sus quejas a través de cualquier canal.

1. El órgano directivo con competencia en materia de participación ciudadana será el responsable de la recepción y tramitación de las sugerencias.

2. Recibida la sugerencia, se trasladará al órgano directivo al que se encuentra adscrito el servicio afectado por razón de la materia objeto de esta, para su conocimiento y efectos oportunos. Paralelamente, se comunicará a la persona que formuló la sugerencia, a través del correo electrónico que haya señalado, dicho traslado.

3. En caso de adoptarse algún acuerdo en relación con la sugerencia presentada, el órgano competente en la tramitación de las sugerencias dará traslado de este a la persona que la presentó.

1. En caso de que las quejas o sugerencias presentadas no reúnan los requisitos establecidos en esta norma para ser tramitadas, se requerirá al interesado para que proceda a su subsanación en el plazo de diez días hábiles, con la advertencia de que, de no hacerlo, el expediente quedará concluso y se archivará sin más trámite.

2. Se inadmitirán las quejas o sugerencias presentadas de forma reiterada por una misma persona y que ya hayan sido debidamente tramitadas con anterioridad, así como las quejas y sugerencias cuya competencia corresponda a otra Administración.

3. Las quejas y sugerencias anónimas no serán tramitadas cualquiera que sea el canal por el que se hubieran presentado.

1. Las quejas y sugerencias formuladas de acuerdo con lo previsto en este decreto no tendrán en ningún caso la consideración de recurso administrativo ni de reclamación en vía administrativa, y su presentación no paralizará ni interrumpirá los plazos establecidos en la normativa aplicable para recurrir.

2. Las quejas o sugerencias no condicionan, en modo alguno, el ejercicio de las restantes acciones o derechos que, de conformidad con la normativa reguladora de cada procedimiento, puedan ejercer aquellas personas que se consideren interesadas en el procedimiento.

En el informe anual de evaluación de los servicios de atención y participación ciudadana, regulado en el artículo 8, se incluirán, con un tratamiento estadístico, los siguientes datos:

1. La ciudadanía tendrá derecho a participar en la definición de las políticas públicas, planes o programas, así como en todas aquellas cuestiones que la Junta de Extremadura considere oportuno someter a su opinión.

2. La participación en la definición de programas y políticas públicas es libre y voluntaria y no atribuye al ciudadano o ciudadana la condición de persona interesada en ningún procedimiento.

3. El proceso descrito en esta sección no sustituye el trámite de audiencia pública en los supuestos en que sea preceptivo, de acuerdo con la normativa de aplicación correspondiente.

1. El proceso de participación en la definición de los programas y políticas públicas se iniciará mediante acuerdo de la persona titular de la correspondiente Consejería, a propuesta del órgano directivo competente por razón de la materia al que se refiera el proceso participativo o, en su caso, del máximo responsable del organismo público correspondiente.

2. Este acuerdo hará referencia al programa o política pública en el que se pide participación, indicando si existe o ha existido con anterioridad algún programa o política pública relativa a la misma materia, los cambios o innovaciones que se pretenden acometer, y los datos relativos a la forma de participación y el plazo de presentación de propuestas, que no podrá exceder de seis meses desde la fecha del acuerdo.

Una vez transcurrido el plazo para presentar aportaciones o propuestas, el órgano directivo competente por razón de la materia elaborará un informe que contendrá las aportaciones propuestas y la valoración de las mismas, así como otras formas de participación que se hayan llevado a cabo, en su caso. Este informe se publicará en el mismo sitio en que fue objeto de publicación el acuerdo de inicio del proceso de participación.

El servicio con competencias en atención y participación ciudadana incluirá en su informe anual de actividad, descrito en el artículo 8, la información relativa a dichos procesos.

Para los trámites de consulta pública, presentación de sugerencias o audiencia e información pública a personas o entidades interesadas, o cualesquiera otros que dispongan las normas que regulan los procedimientos de elaboración normativa que dependan de la Administración autonómica, se dispondrá un espacio en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura en el que se expondrán los proyectos normativos, los datos relativos a la forma de participación y el plazo de presentación de propuestas, así como el resto de documentación que señalen las referidas normas, y desde donde se promoverá la presentación electrónica de propuestas.

La sustanciación de las fases de exposición pública de disposiciones de carácter general se realizará de conformidad con las disposiciones legales vigentes para cada tipo de norma que se pretenda tramitar, persistiendo la obligación de publicación por otros medios cuando así lo determinen las normas vigentes.

1. Una vez publicado el proceso de participación en el Punto Único de Acceso a la Información y en aquellos otros medios que determine la normativa, la ciudadanía podrá presentar propuestas a través de cualquiera de las formas que se establezcan.

2. El órgano directivo con competencia en participación ciudadana pondrá a disposición de los órganos gestores una herramienta interna para la gestión de las aportaciones que se presenten de manera electrónica desde el área personalizada del Punto Único de Acceso a la Información.

3. Una vez finalizado el plazo de presentación, el órgano directivo competente en la materia objeto del trámite recopilará la relación de las alegaciones o sugerencias presentadas por cualquiera de los canales establecidos y procederá a la elaboración del informe final sobre el trámite.

1. Para el ejercicio del derecho a presentar iniciativas de carácter reglamentario en materias competencia de la administración autonómica, contemplado en el artículo 41 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, se dispondrá de un espacio al efecto en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura.

2. Las propuestas podrán presentarse por personas físicas o jurídicas, teniendo en cuenta que el referido artículo 41 establece que, al menos, tendrán que ir acompañadas por dos mil firmas.

3. Para el cómputo de las firmas se considerarán las de quienes tengan la condición política de extremeño/a o quienes residan en Extremadura y sean mayores de 18 años.

1. La tramitación del proceso para el ejercicio de la iniciativa reglamentaria se adecuará a lo previsto en el artículo 41 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, así como a lo dispuesto en este decreto.

2. La propuesta se inadmitirá en los siguientes casos:

3. El órgano directivo con competencia en participación ciudadana propondrá su admisión o inadmisión y elevará su propuesta a la consejería con competencia en la materia objeto de la propuesta, que adoptará la resolución que considere adecuada sobre la admisión y tramitación como proyecto normativo o la inadmisión.

1. La Ley 4/2013, de 21 de mayo, otorga a la ciudadanía el derecho a participar en la evaluación de políticas y calidad de los servicios públicos, así como a ser consultada de manera periódica y regular sobre su grado de satisfacción respecto de los servicios públicos.

2. La evaluación de las políticas públicas y de la calidad de los servicios públicos se adecuará, en todo caso, a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y participación

3. Al evaluar las políticas públicas y la calidad de los servicios, se pretende por un lado detectar necesidades, expectativas o carencias que, en opinión de la ciudadanía, deben resolverse; en especial, sus requisitos, formas y medios de acceso y los tiempos de respuesta. Por otro lado, los datos obtenidos en relación con esta evaluación han de servir a la administración autonómica para conocer el grado de participación de la ciudadanía y para poder comprobar la evolución de la opinión ciudadana a medida que se vayan procesando los datos obtenidos e implementando medidas para unas políticas públicas y una prestación de servicios más satisfactorias.

4. Los resultados, conclusiones y propuestas de mejora que resulten de la evaluación se publicarán en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura.

1. El órgano directivo competente en evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios implementará los medios de evaluación adecuados en cada caso, previa comunicación a los órganos competentes en las materias que se someterán a evaluación y remitirá anualmente a estos mismos órganos los resultados de la evaluación.

2. Los organismos, órganos y unidades de la Administración autonómica podrán proponer al órgano directivo competente en evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios la evaluación de los servicios que prestan, de forma que, coordinadamente, se utilicen los medios de evaluación que correspondan.

3. Los órganos competentes en las materias evaluadas podrán elaborar un informe a partir de los datos obtenidos, en el que se podrán incluir medidas de mejora.

1. Además de los instrumentos de evaluación previstos en la Ley 4/2013, de 21 de mayo, se podrán emplear los siguientes, siempre y cuando sean más adecuados para la consecución de los fines pretendidos:

2. Estos instrumentos podrán aplicarse tanto en el Punto Único de Acceso a la Información de la Junta de Extremadura como en las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía, así como en las dependencias de los servicios públicos prestados por la Administración autonómica.

El Registro Electrónico de la Junta de Extremadura pasa a denominarse Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, por tanto, las referencias al Registro Electrónico que se contengan en la normativa autonómica tras la entrada en vigor de este decreto deberán entenderse referidas al Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura.

Los procedimientos regulados en este decreto, que se hubieran iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se sustanciarán conforme a la normativa aplicable en el momento de su inicio.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que contravengan lo dispuesto en el presente decreto. En particular, quedan expresamente derogadas las siguientes normas:

Decreto 139/2000, de 13 de junio, por el que se regula la información administrativa y atención al ciudadano.

Orden de 11 de septiembre de 2000 por la que se aprueba el modelo de Libro de Quejas y Sugerencias de la Junta de Extremadura y se dictan normas sobre su utilización.

Decreto 18/2007, de 6 de febrero, sobre creación, organización y funciones de las Oficinas de Respuesta Personalizada de la Junta de Extremadura, y de modificación del Decreto 139/2000, de 13 de junio, y del Decreto 185/2006, de 31 de octubre.

Se faculta a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de atención a la ciudadanía y participación ciudadana para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y cumplimiento de lo establecido en el presente decreto.

Por resolución de la Consejería con competencia en participación ciudadana se modificará el anexo I de este decreto.

Igualmente, mediante resolución de la Consejería con competencias en atención a la ciudadanía se modificará y actualizará, siempre que se produzcan cambios, el anexo II de este decreto.

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura http://doe.juntaex.es .

Mérida, 24 de febrero de 2026.