Junta de Extremadura

Ha recaído sentencia 672/2025, de 10 de noviembre de 2025, en el procedimiento de impugnación de actos de la administración n.º 322/2025, promovido por la representación procesal de la empresa Alejandro Jiménez González contra la Resolución de 9 de abril de 2025, dictada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, por la que se confirma la sanción de 5.000 euros, impuesta por la comisión a la empresa de una infracción tipificada como grave en el artículo 12.16.b) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, mediante Resolución de la Directora General de Trabajo de 14 de enero de 2025. Frente a la mencionada sentencia, que es firme a fecha actual no procede recurso alguno, por lo que procede su ejecución.

El artículo 40.1 del Reglamento de organización y funcionamiento de la Abogacía General de la Junta de Extremadura, de su Cuerpo de Letrados y de la Comisión Jurídica de Extremadura, aprobado mediante el Decreto 1/2022, de 12 de enero, establece que 1. Corresponde la ejecución material de sentencias firmes, así como su ejecución provisional en los casos que legalmente proceda, al órgano que en el momento de la ejecución resulte competente por razón de la materia sobre la que el litigio haya versado .

El artículo 9.1 del Decreto 59/1991, de 23 de julio, por el que se regula la tramitación administrativa en la ejecución de resoluciones judiciales, establece que el titular del órgano competente dictará la correspondiente resolución en orden al cumplimiento de la sentencia.

Por tanto, y en uso de las atribuciones conferidas por la legislación vigente,

Contra esta sentencia no cabe recurso de suplicación siendo firme desde la fecha de su dictado.

Mérida, 23 de febrero de 2026.