Junta de Extremadura

La competencia exclusiva en materia de legislación laboral viene atribuida al Estado por el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas. Por su parte, el artículo 11.7 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, en la redacción dada por la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, atribuye a la Comunidad Autónoma competencias de ejecución en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Por su parte, el artículo 40.2 del texto constitucional encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, como uno de los principios rectores de la política social y económica. Como consecuencia de ello, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se ha convertido en el pilar fundamental para desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores mediante la prevención de los riesgos derivados de su trabajo.

El objeto de dicha ley es promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. Esta ley establece de forma expresa el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone un correlativo deber del empresario de protección de sus trabajadores frente a los riesgos laborales. Forman parte de este derecho, entre otros, los de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud.

Así, en su artículo 5 establece que la política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo, dirigida a elevar el nivel de protección y de la seguridad y salud de las personas trabajadoras en el ámbito laboral. El citado precepto señala que las Administraciones Públicas fomentarán aquellas actividades para la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, el fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. La norma prevé para ello la adopción de programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.

Cabe destacar el artículo 19 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la seguridad y salud en el trabajo, el cual dispone que el trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Del mismo modo, establece la obligación del empresario a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo.

La participación de empresarios y trabajadores, a través de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, en la planificación, programación, organización y control de la gestión preventiva y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo es principio básico de la política de prevención de riesgos laborales, a desarrollar por las Administraciones Públicas competentes en los distintos niveles territoriales, tal y como dispone el artículo 12 de la citada Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

La disposición adicional quinta de la referida Ley 31/1995, de 8 de noviembre, establece que la gestión de las acciones ordinarias en materia de prevención de riesgos laborales de ámbito territorial corresponde a cada Comunidad Autónoma, siendo competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, previa propuesta del Patronato de la Fundación Española para la Prevención de Riesgos Laborales, convocar la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales a la que corresponde la distribución de Fondos para las subvenciones que financien las acciones en materia de prevención de riesgos laborales.

Al efecto, se dictó la Orden TES/864/2023, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, estableciéndose en su artículo 1.2, párrafo tercero, los artículos que habrán de ser respetados por las Comunidades Autónomas a la hora de establecer sus bases reguladoras, siendo supletorias estas bases en el resto de su articulado, respecto a la normativa aprobada por cada Comunidad Autónoma.

Estas subvenciones tendrán por objeto la realización de actividades con el fin de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas, pudiéndose prever acciones de información, de asistencia técnica, de formación y de promoción del cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, siendo sus destinatarios las personas trabajadoras y pequeñas empresas.

A la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 2 del Decreto de la Presidenta 16/2023, de 20 de julio, le corresponde las competencias en materia de trabajo, ejerciendo a través de la Dirección General de Trabajo las funciones en materia de prevención de riesgos laborales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 234/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

Este decreto se adecúa a los principios recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Es necesaria, pues coadyuva a mejorar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras a través de la formación, información y asistencia técnica a los beneficiarios; es eficaz, al ser un instrumento adecuado para los fines perseguidos, no limitando derechos y deberes de los ciudadanos.

Es proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir con los objetivos de aprobar las bases reguladoras. Además, contribuye a la satisfacción del principio de seguridad jurídica, al ser coherente con el marco jurídico establecido hasta la fecha. Cumple con el principio de transparencia, ya que ha sido sometida a los trámites de audiencia e información pública. Por último, respeta el principio de eficiencia, al no imponer cargas administrativas a los beneficiarios.

En virtud de lo expuesto, y de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos 23.h) y 90.2 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el artículo 16 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura en su sesión de 17 de septiembre de 2024,

1. El presente decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. Las subvenciones que se regulan en este decreto se regirán, además de por lo dispuesto en la misma, por lo establecido en la respectiva convocatoria y por la resolución de concesión. En todo aquello no regulado expresamente por el presente decreto, será de aplicación la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y la normativa básica contenida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

3. El ámbito geográfico de las actividades objeto de subvención será el de la Comunidad Autónoma de Extremadura, respecto de las empresas y centros de trabajo ubicados en la misma.

Serán destinatarias de las acciones las personas trabajadoras y las empresas en Extremadura, especialmente las pequeñas empresas, conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Se entenderá por pequeña empresa aquella cuyo volumen de plantilla sea menor de cincuenta trabajadores.

2. Las entidades y organizaciones deberán tener sede en Extremadura y deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el registro correspondiente.

3. No podrán obtener la condición de beneficiarios las entidades y organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 12.2 y 3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en conexión con el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

4. Para subvenciones de importe superior a 30.000 euros, las personas físicas y jurídicas, distintas de las entidades de derecho público, con ánimo de lucro sujetas a la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, deberán acreditar cumplir, en los términos señalados en el artículo 13.3.bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, los plazos de pago señalados en dicha ley para obtener la condición de beneficiario. Cualquier financiación que permita el cobro anticipado de la empresa proveedora se considerará válida a efectos del cumplimiento de este apartado, siempre y cuando su coste corra a cargo del cliente y se haga sin posibilidad de recurso al proveedor en caso de impago.

5. Las convocatorias reflejarán las obligaciones de los beneficiarios a que se refiere el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo. De modo especial, establecerán las medidas de difusión que deben adoptar los beneficiarios para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de la actividad o del proyecto y que siempre deberán incorporar en los distintos soportes utilizados el logotipo oficial del órgano concedente (Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Dirección General de Trabajo) y el de la Junta de Extremadura.

1. Las subvenciones tendrán por objeto la realización de actividades con el fin de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el ámbito laboral, especialmente destinadas en las pequeñas empresas. Las convocatorias podrán prever tres tipos de acciones:

2. De acuerdo con el artículo 13 de la Orden TES/864/2023, de 21 de julio, el ochenta por ciento del presupuesto destinado a la subvención de estas acciones se destinará a acciones sectoriales y el otro veinte por ciento restante se destinará a acciones intersectoriales. No obstante, estos porcentajes serán evaluados al final de cada convocatoria, adaptándose los mismos en función de los resultados que se obtengan de las convocatorias previas.

3. El ámbito temporal durante el cual se podrán desarrollar las actuaciones subvencionables será de 12 meses, desde la fecha de concesión de la subvención. Dicha fecha se contará a partir de la publicación de la resolución de concesión de las ayudas en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es).

4. Las líneas prioritarias de actuación a desarrollar serán las establecidas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que se reflejan a continuación:

5. Los recursos disponibles no podrán destinarse a financiar la realización de acciones dirigidas al cumplimiento de las obligaciones preventivas empresariales, previstas en los artículos 18 y 19 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, o en cualesquiera otras previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales.

Tampoco serán subvencionables acciones que consistan en elaboración o difusión de contenidos ya realizados por otras entidades, publicados y accesibles para la población a través de cualquier medio.

1. Se consideran gastos subvencionables, aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen en el plazo establecido en el artículo anterior, en los términos establecidos en el artículo 36 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se regirán dentro de los límites y con los requisitos previstos en el artículo 18 de las bases reguladoras de la Orden TES/864/2023. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.

2. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías que en los supuestos de coste por ejecución de obra, suministros de bienes de equipo o de prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica, se establezcan en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivos del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para los contratos menores, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a contraer el compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, suministren o presten. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de la subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.

3. En ningún caso serán gastos subvencionables:

4. Los tributos serán gasto subvencionable cuando el beneficiario de la subvención los abone efectivamente. En ningún caso se consideran gastos subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los impuestos personales sobre la renta.

1. Las ayudas estarán financiadas íntegramente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la fuente de financiación de transferencias del Estado.

2. Una vez aceptada la subvención, se podrán solicitar anticipos, en los términos regulados en el artículo 15 del presente decreto.

1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en las presentes bases, se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, en los términos establecidos en los capítulos I y II del título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

2. La concesión de las subvenciones se realizará mediante comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo a los criterios de valoración previstos en las presentes bases reguladoras, y se adjudicará, con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible, a aquellas que hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los citados criterios.

3. El procedimiento de concesión se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, debiendo publicarse en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) tanto dicha resolución como el extracto de esta oportunamente tramitado ante la Base de Datos Nacional de Subvenciones (https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias). Asimismo, la convocatoria se publicará en el Portal de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/A11/es/index).

4. El procedimiento de concesión podrá declararse de urgencia en la convocatoria cuando razones de interés público lo aconsejen, en los términos del artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

1. Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico (www.juntaex.es) dentro de la ficha correspondiente al trámite desde donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada para presentar la solicitud, o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

2. La solicitud para la obtención de la subvención regulada en el presente decreto se formalizará mediante el modelo normalizado que se adjunta como anexo I y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:

3. Si la documentación exigida para la tramitación ya obrara en poder de la Administración Pública, el solicitante podrá acogerse a lo dispuesto en los artículos 28, apartado 2 y 3, y 53.1.d) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, así como en el artículo 25 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa en Extremadura, y no estará obligado a presentar la documentación siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan.

4. El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) de la convocatoria y finalizará en la fecha que se fije en la misma.

5. Recibidas las solicitudes en tiempo y forma, el órgano competente las revisará para comprobar que se cumplen los requisitos señalados para ser beneficiario y que se aporta la documentación exigida en cada convocatoria. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la convocatoria, o la documentación aportada fuera incompleta, se requerirá a la entidad solicitante para que subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que si no lo hace se le tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de dicho texto legal.

6. Los beneficiarios no podrán estar incursos en alguna causa de incompatibilidad para percibir la subvención, ni encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 12.2 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

7. La presentación de solicitudes implicará la aceptación expresa, formal e incondicionada de las bases y del acto de la convocatoria.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Jefatura de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo, que podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la correspondiente propuesta de resolución.

2. La competencia para resolver corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, conforme al artículo 9.1 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de Extremadura.

3. Las subvenciones concedidas serán objeto de publicidad en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), en la Base de Datos Nacional de Subvenciones

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria.

1. Las solicitudes que reúnan los requisitos establecidos en cada convocatoria, serán evaluadas por una Comisión de Valoración constituida al efecto. La Comisión de Valoración estará compuesta por los siguientes miembros, nombrados por la persona titular de la Dirección General de Trabajo:

2. Se emitirá informe por la Comisión de Valoración, en el que se recogerá el resultado de la evaluación efectuada. Este informe será, además, vinculante para el órgano instructor, que no podrá separarse de dicho informe para formular la propuesta de resolución de conformidad con el artículo 22.3 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

3. La Comisión de Valoración se ajustará a su funcionamiento a lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Su composición se hará constar en cada convocatoria y la concreción de sus miembros se publicará en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es), una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.

1. La valoración de las solicitudes se realizará exclusivamente sobre la información aportada por la persona solicitante en la fase de admisión de solicitudes. Al tratarse de procedimientos de concesión en concurrencia competitiva y, como tales iniciados de oficio, no se admitirán las mejoras voluntarias de la solicitud. No obstante, el órgano instructor podrá requerir aclaraciones sobre aspectos de la solicitud que no supongan reformulación ni mejora de ésta.

2. La valoración se realizará basándose en los criterios que se especifican en este artículo. La puntuación total de la evaluación estará comprendida en el rango entre 0 y 100 puntos.

1. Las subvenciones concedidas para las acciones de una determinada convocatoria serán compatibles con otras subvenciones, ingresos o recursos procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, pero en ningún caso podrán ser de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras subvenciones, ingresos o recursos, que tengan por objeto el mismo proyecto, superen el coste total de la actividad objeto de la ayuda.

2. La percepción de estas otras ayudas deberá ponerse en conocimiento del órgano instructor en el momento en que se produzca, ya sea antes o durante la ejecución del proyecto, aportando la correspondiente resolución de concesión.

Los beneficiarios deberán cumplir, además de las previstas en el artículo 13 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, con las siguientes obligaciones:

La subcontratación se regirá dentro de los límites y con los requisitos previstos en los artículos 17 y 18 de la Orden TES/864/2023 y con los requisitos previstos en el artículo 33 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Las convocatorias de subvenciones podrán permitir que el beneficiario concierte con terceros, la ejecución de la actividad subvencionada hasta un límite del cincuenta por ciento del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. La subcontratación se deberá formalizar mediante un contrato escrito con el contratista seleccionado.

Los subcontratistas quedarán obligados solo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad objeto de la subvención.

La resolución de concesión podrá autorizar, en su caso, las subcontrataciones que el beneficiario hubiera previsto en su solicitud. En tal caso, el solicitante deberá aportar con la solicitud una memoria explicativa en la que se haga referencia a la necesidad de acudir a la subcontratación para desarrollar determinadas fases del proyecto.

No podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la subvención, no aporten valor añadido al contenido de esta. Tampoco podrá subcontratarse la ejecución parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades que se encuentren incursas en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de las subvenciones, establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como aquellas en las que concurra alguna de las causas previstas en los párrafos b), c), d) y e) del artículo 29.7 del mismo texto legal, y en el artículo 68.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Cuando la actividad subcontratada con terceros exceda del veinte por ciento del importe de la ayuda y dicho importe sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los principios de publicidad y concurrencia.

No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir su cuantía y eludir el cumplimiento de este requisito. Se entiende que se fragmenta un contrato cuando el mismo proveedor emite varias facturas con cargo al mismo proyecto, aunque todas ellas hagan referencia a diferentes actividades.

1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, el cual será de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, siendo este el establecido en el artículo 4.3 de este decreto. La justificación de la adecuada realización de la actividad objeto de la subvención, deberá realizarse mediante la presentación por parte de la entidad beneficiaria, de solicitud de abono, acompañado de la documentación descrita en el apartado 4 de este artículo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya presentado la justificación, se iniciará por el órgano concedente el procedimiento de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda concedida o de reintegro de las cantidades percibidas mediante anticipos, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. El abono de la subvención concedida se realizará mediante un anticipo del 50% de la subvención concedida, una vez que la entidad beneficiaria haya aceptado la misma. El segundo anticipo por importe del 30% de la subvención restante se abonará una vez haya quedado totalmente justificado por el beneficiario el inicio de la actividad.

4. El abono del 20% de la cuantía restante de la subvención concedida se realizará una vez que haya quedado totalmente justificado por el beneficiario de la subvención las cantidades anticipadas de manera previa, así como la realización total de la acción subvencionable y que los gastos y pagos han sido efectivamente realizados en los plazos establecidos en este decreto, mediante la presentación de la siguiente documentación:

5. El plazo de pago del total o, en caso de anticipo, de la liquidación pendiente será de seis meses desde la presentación de la justificación final por la entidad beneficiaria de la subvención.

6. La aceptación expresa de la resolución de concesión y las justificaciones exigidas se podrán presentar, de forma telemática, a través del Punto de Acceso General Electrónico (https://www.juntaex.es) dentro de la ficha correspondiente donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada a la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

La Dirección General de Trabajo realizará el adecuado control y seguimiento en la ejecución por el beneficiario de la subvención de las inversiones subvencionables, pudiendo para ello realizar las inspecciones y comprobaciones que estime oportunas, a través del personal funcionario del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Centro Extremeño de Seguridad y Salud Laboral (CESSLA) y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Las causas de nulidad y de anulabilidad de la resolución de concesión se regirán por el artículo 42 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

La renuncia voluntaria a la subvención concedida con posterioridad a la fecha de publicación de la resolución de concesión definitiva conllevará la pérdida del derecho a la subvención.

1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.o) de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención se efectuará de conformidad con los siguientes criterios:

2. Los criterios anteriores resultarán de aplicación para determinar la cantidad que finalmente haya de percibir el beneficiario o, en su caso, el importe a reintegrar, y, dentro de los límites previstos en estas bases, deberán responder al principio de proporcionalidad, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17.

3. La procedencia del reintegro de las cantidades percibidas indebidamente llevará aparejada la exigencia del correspondiente interés de demora, que será el interés legal del dinero incrementado este en un veinticinco por ciento, salvo que las leyes anuales de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma establezcan otro diferente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o del ingreso por parte del beneficiario en caso de devolución voluntaria.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley General de Hacienda Pública de Extremadura.

2. El titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de trabajo será el órgano competente para la tramitación del procedimiento de reintegro de las cantidades percibidas indebidamente.

3. El procedimiento de revocación, pérdida del derecho o reintegro, en su caso, de las subvenciones, se rige por lo establecido en el capítulo II del título III de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia. También se iniciará a consecuencia del informe de control financiero emitido por la Intervención General de la Junta de Extremadura.

4. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce meses desde la fecha del acuerdo de iniciación, de conformidad con el artículo 48.4 de Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

1. Los beneficiarios de estas subvenciones estarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones en esta materia se establecen en la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

2. La imposición de las sanciones en materia de subvenciones se efectuará mediante expediente administrativo en el que se dará audiencia a la persona interesada antes de dictarse el acuerdo correspondiente y que será tramitado conforme a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como en el título V de la Ley 6/2011, de 23 de marzo.

Las convocatorias de desarrollo deberán regular la implementación de un conjunto de indicadores para cada una de las acciones financiadas, que permitan evaluar de manera objetiva y cuantificable los resultados obtenidos en la realización de estas, tanto de su contenido técnico, como de su eficacia, eficiencia y economía.

Los resultados obtenibles de los indicadores del desarrollo de cada convocatoria, tanto en niveles territoriales como sectoriales, deberán permitir determinar si la financiación de las acciones ha tenido alguna incidencia en la promoción de la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pequeñas empresas.

Así el conjunto de indicadores de cada convocatoria deberá permitir conocer, entre otros, el número de usuarios que han recibido cada acción subvencionada, su grado de satisfacción con el resultado de la acción, o la originalidad de ésta sobre acciones anteriores.

La entidad beneficiaria deberá incluir la información necesaria en todas sus actuaciones, según lo que sea aplicable a cada tipología, de forma que le permita elaborar un informe de indicadores de las actividades realizadas, que será entregado como parte de la documentación justificativa.

Dichos indicadores serán, al menos:

Primero. Objeto.

Aprobar la primera convocatoria, correspondiente al ejercicio 2024, de las subvenciones para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Segundo. Beneficiarios.

Podrán ser beneficiarias las entidades indicadas en el artículo 3 del presente decreto y que reúnan los requisitos para obtener la condición de beneficiarios que establece el citado artículo 3.

Tercero. Actuaciones subvencionables.

Son actuaciones subvencionables, conforme a lo establecido en el artículo 4 de este decreto, la realización de actividades con el fin de promover la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el ámbito laboral, especialmente destinadas en las pequeñas empresas.

Se podrán realizar tres tipos de acciones:

Cuarto. Procedimiento de concesión y convocatoria.

El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante convocatoria periódica, en los términos establecidos en los capítulos I y II del título II de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

El procedimiento electrónico completo estará ubicado en el Punto de Acceso General, en la dirección https://www.juntaex.es/w/0691624.

Quinto. Ámbito temporal de ejecución de actuaciones.

El plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables será de 12 meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la resolución de concesión de las ayudas en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes y forma de presentación.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha de publicación en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) de esta convocatoria.

Las solicitudes se tramitarán de forma electrónica a través del punto de acceso general electrónico (www.juntaex.es) dentro de la ficha correspondiente al trámite desde donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada para presentar la solicitud, o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Las solicitudes se formalizarán mediante el modelo normalizado del anexo I y deberán acompañarse de los documentos que se especifican en el artículo 8 del presente decreto.

Séptimo. Ordenación, instrucción y resolución del procedimiento. Plazos de resolución y notificación.

1. La ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponderá a la persona titular de la Jefatura de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección General de Trabajo.

2. La competencia para resolver corresponde a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital.

3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, conforme a lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 4/2022, de 27 de julio, de racionalización y simplificación administrativa de Extremadura, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria, en virtud 22.5 de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura. La falta de notificación de resolución expresa de la concesión dentro del plazo máximo para resolver, legitima a los interesados para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.

Octavo. Comisión de Valoración.

1. Para la evaluación de las solicitudes se constituye la Comisión de Valoración, que estará integrada por los siguientes miembros:

2. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento a lo establecido en el artículo 10 del presente decreto.

Noveno. Criterios objetivos para el otorgamiento de la subvención.

Las solicitudes que reúnan todos los requisitos serán sometidas a una fase de evaluación por la Comisión de Valoración, determinándose de esta forma el orden de prelación entre ellas. Para la valoración de los proyectos se utilizarán los criterios objetivos de valoración establecidos en el artículo 11 del presente decreto, siendo la puntuación máxima a alcanzar por cada proyecto de 100 puntos, conforme a la siguiente ponderación:

Décimo. Cuantía de la subvención.

La cuantía de las subvenciones podrá llegar a ser de 130.000 euros, como cantidad máxima para la totalidad de las inversiones subvencionables realizadas y justificadas por beneficiario.

No obstante, en caso de resultar crédito sobrante, se incrementará la cuantía máxima prevista en el párrafo anterior, distribuyéndose el saldo total sobrante entre las entidades y organizaciones beneficiarias.

Decimoprimero. Justificación y pago de la subvención.

1. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período de justificación, el cual será de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad, siendo este el establecido en el artículo 4.3 de este decreto. La justificación de la adecuada realización de la actividad objeto de la subvención, deberá realizarse mediante la presentación por parte de la entidad beneficiaria, de solicitud de abono, acompañado de la documentación descrita en el apartado 4 del artículo 15 de este decreto.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior sin que se haya presentado la justificación, se iniciará por el órgano concedente el procedimiento de pérdida del derecho a la percepción de la ayuda concedida o de reintegro de las cantidades percibidas mediante anticipos, previa audiencia del interesado, sin perjuicio de las demás responsabilidades establecidas en la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

3. El abono de la subvención concedida se realizará mediante un anticipo del 50% de la subvención concedida, una vez que la entidad beneficiaria haya aceptado la misma. El segundo anticipo por importe del 30% de la subvención restante se abonará una vez haya quedado totalmente justificado por el beneficiario el inicio de la actividad.

4. El abono del 20% de la cuantía restante de la subvención concedida se realizará una vez que haya quedado totalmente justificado por el beneficiario de la subvención las cantidades anticipadas de manera previa, así como la realización total de la acción subvencionable y que los gastos y pagos han sido efectivamente realizados en los plazos establecidos en este decreto, mediante la presentación de la siguiente documentación:

5. El plazo de pago del total o, en caso de anticipo, de la liquidación pendiente será de seis meses desde la presentación de la justificación final por la entidad beneficiaria de la subvención.

6. La aceptación expresa de la resolución de concesión y las justificaciones exigidas se podrán presentar, de forma telemática, a través del Punto de Acceso General Electrónico (https://www.juntaex.es) dentro de la ficha correspondiente donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada a la sede electrónica corporativa de la Junta de Extremadura, o bien en cualquiera de los registros electrónicos referidos en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Decimosegundo. Financiación.

El importe total del crédito destinado a esta convocatoria será de cuatrocientos ocho mil cuatrocientos once euros con cincuenta céntimos (408.411,50 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 14012.325A.48000, proyecto de gasto 20240488 Actividades para la promoción y la mejora de las condiciones de Seguridad y Salud en el ámbito laboral , fondo TE24012001 Financiación de acciones en materia de prevención de riegos laborales .

Decimotercero. Eficacia y recursos.

La presente convocatoria surtirá efectos al día siguiente de su publicación junto con el extracto de la misma previsto en el artículo 20.8.a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones en el Diario Oficial de Extremadura (http://doe.juntaex.es) y contra la misma, que pone fin a la vía administrativa en virtud de lo establecido en el artículo 103.1.a) de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a dicha publicación conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa o, potestativamente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recurso de reposición ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de las normas contenidas en el presente decreto, así como para modificar en las correspondientes resoluciones de convocatoria los anexos establecidos en el mismo.

El presente decreto de bases reguladoras entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Extremadura.

Mérida, 17 de septiembre de 2024.

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