Junta de Extremadura

El Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1774/2002, establece las normas en materia de salud pública y sanidad animal aplicables a los subproductos animales y los productos derivados (SANDACH), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos que para la salud pública y la sanidad animal entrañan dichos productos, y en particular, con el fin de preservar la seguridad de la cadena alimentaria humana y animal.

En el Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, en su artículo 19, rubricado Recogida, transporte y eliminación , se recogen una serie de excepciones a los sistemas de eliminación establecidos en su articulado.

En concreto, el número 1 de dicho artículo 19 establece que:

1. No obstante lo dispuesto en los artículos 12, 13, 14 y 21, la autoridad competente podrá autorizar la eliminación:

En consecuencia, vista la propuesta del Servicio de Sanidad Animal, y de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.v) del Decreto 233/2023, de 12 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible y se modifica el Decreto 77/2023, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrán las personas interesadas interponer recurso de alzada ante esta Dirección General o directamente ante la Consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, quien es la competente para resolverlo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la misma en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con los artículos 30, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que las personas interesadas estimen pertinente.

Mérida, 14 de febrero de 2024.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto para su transformación y/o eliminación en el Reglamento (CE) 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, y en el Reglamento (UE) n.º 142/2011, de la Comisión, de 25 de febrero, el enterramiento de animales de compañía sólo podrá realizarse de manera controlada y en condiciones que garanticen el control de los riesgos para la salud pública, la sanidad animal y el medio ambiente, en concreto, para este último, riesgos para el agua, el aire y el suelo, a la biota, elementos geomorfológicos y elementos de significación patrimonial, cultural o histórica.

2. Solo podrán eliminarse mediante enterramiento aquellos animales que no hayan muerto como consecuencia de enfermedades de declaración obligatoria, según lo dispuesto en el Real Decreto 779/2023, de 10 de octubre, por el que se establece la comunicación de enfermedades de los animales de declaración obligatoria y se regula su notificación.

3. Los enterramientos se realizarán de forma que se evite la contaminación de las capas freáticas y de los acuíferos y, en todo caso, deberán guardar una distancia mínima de 250 metros desde cualquier captación de agua potable y 50 metros desde cualquier curso de agua.

4. Los enterramientos se realizarán de forma que se eviten otros riesgos para la salud pública o la sanidad animal, incluyendo molestias por ruidos u olores.

5. Los enterramientos deberán realizarse de forma y con la profundidad que garantice que los animales carroñeros, oportunistas o plagas no puedan acceder a ellos y no se expongan otros riesgos añadidos para la salud pública y la sanidad animal.

6. Los cadáveres, antes de ser enterrados, deberán ser cubiertos o impregnados con un desinfectante apropiado, como puede ser la cal viva, distribuido uniformemente dentro de la fosa de enterramiento.

1. Las personas propietarias de los perros que se acojan a lo establecido en la presente resolución, podrán enterrar estos en terrenos de su propiedad o en terrenos ajenos, pero respecto de los que se ostente un título que lo permita.

2. La baja del animal deberá ser comunicada al Colegio Oficial de Veterinarios correspondiente, mediante documento normalizado, en el plazo máximo de un mes desde que se produjo la muerte, para proceder a realizar la correspondiente cancelación del asiento registral en RIACE.

3. Las personas propietarias de los perros deberán mantener un registro en el que se indicarán los siguientes aspectos:

4. Los operadores que presten un servicio de enterramiento de animales de compañía a terceros, deberán estar autorizados de acuerdo con el dispuesto en el artículo 24 del Reglamento (CE) n.º 1069/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre, y asegurarán:

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