Junta de Extremadura

Advertidos errores en la Resolución de 11 de agosto de 2026, del Consejero, de mejora en precisión geométrica de la línea límite entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Zarza de Granadilla, publicada en el Diario Oficial de Extremadura número 159, de 18 de agosto de 2026, se procede a su corrección en base a los siguientes,

Dichas coordenadas fueron consignadas erróneamente en el acuerdo de inicio y con posterioridad a la Resolución de 11 de agosto de 2026. El error es objetivamente constatable, porque la aplicación de esas coordenadas produce una zona de intrusión en la línea mejorada en precisión entre los términos municipales de Mohedas de Granadilla y Guijo de Granadilla. La voluntad administrativa siempre fue determinar el eje del Río Alagón y, por un error en la consignación de estas cinco coordenadas, su representación cartográfica produce una geometría manifiestamente incongruente con la propia delimitación objeto del propio expediente. La presente corrección no modifica el trazado del eje del río Alagón, sino que simplifica su recorrido, eliminando los puntos redundantes que daban lugar a la incongruencia descrita.

A estos hechos son de aplicación los siguientes,

Será de aplicación lo dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual, las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.

Igualmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en virtud del cual, los órganos competentes para instruir o decidir en los procedimientos administrativos podrán, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos que se hayan producido.

El Tribunal Supremo tiene clara doctrina reiterada y consolidada en relación al establecimiento de los requisitos necesarios para que tales errores se califiquen como tal, definiendo el error material o de hecho por ser ostensible, manifiesto e indiscutible, implicando, por sí sólo, la evidencia del mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y exteriorizándose prima facie por su sola contemplación (frente al carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella, que ostenta el error de derecho), por lo que, para poder aplicar el mecanismo procedimental de rectificación de errores materiales o de hecho, se requiere que concurran, en esencia, las siguientes circunstancias:

En base a ello, se concluye que el error advertido en las coordenadas consignadas reviste la naturaleza de error material, al tratarse de una inexactitud objetiva y manifiesta cuya constatación no requiere efectuar una nueva valoración jurídica o técnica sobre el trazado de la línea límite. En efecto, se reitera que la representación resultante de las coordenadas erróneas provoca una zona de intrusión en otras geometrías de líneas límite entre municipios ya resueltas, evidenciando de forma patente la equivocación producida. Su corrección se limita, por tanto, a adecuar las coordenadas a la delimitación que inequívocamente resulta del expediente, sin alterar el sentido ni el contenido sustantivo de la decisión adoptada, por lo que resulta susceptible de rectificación al amparo del artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En consecuencia, con los preceptos legales señalados y demás de general aplicación, esta Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda

Asimismo, también cabrá interponer contra dicha resolución, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que se reciba la notificación de la misma o al de su publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

No obstante, en el caso de haberse interpuesto recurso de reposición, no podrá interponerse el citado recurso contencioso-administrativo hasta que aquél haya sido resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan interponer cualquier otro recurso que estimen pertinente.

Mérida, 20 de agosto de 2026.