Junta de Extremadura

Habiéndose aprobado, en sesión de fecha 1 de septiembre de 2026, el Acuerdo citado en el encabezamiento, esta Consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio,

Ordenar la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 1 de septiembre de 2026, del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se declara como zona de actuación urgente la superficie afectada por el incendio iniciado el día 18 de agosto de 2026 en el municipio de Pinofranqueado y que ha afectado además a varios municipios de la Comarca de Las Hurdes, y la utilidad pública de los trabajos de emergencia a realizar en los terrenos forestales comprendidos en ella.

Mérida, 2 de septiembre de 2026.

El día 18 de agosto de 2026 a las 14:35 horas se declaró un incendio forestal iniciado en la cuneta de la carretera CC-122, dentro del TM de Pinofranqueado. Posteriormente, favorecido por los fuertes vientos, el incendio avanzó rápidamente hacia el noreste, afectando a otros municipios de la Comarca de Las Hurdes. El incendio fue declarado como controlado el domingo 23 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, y extinguido el 26 de agosto a la misma hora. Según los datos facilitados por el INFOEX, la superficie incluida dentro del perímetro del incendio es de 3.833,11 hectáreas, aunque en su interior hay zonas no afectadas. La superficie afectada dentro del perímetro del incendio ha afectado a los siguientes términos municipales: Pinofranqueado (2.224,96 ha), Nuñomoral (1.588,99 ha), Caminomorisco (11,12 ha), Casares de las Hurdes (8,04 ha).

Ante esas circunstancias, y para minimizar los efectos del fuego, se aprecia una indudable urgencia en la necesidad de actuar en el ámbito forestal para paliar algunas de las consecuencias negativas que, para los intereses generales, ha originado el referido incendio, teniendo en cuenta que debido a su gran magnitud, los daños ocasionados sobre la flora y fauna de la zona afectada han sido de gran importancia, considerando el alto valor ecológico y natural de aquella, y que los efectos perjudiciales del incendio sobre el ecosistema pueden ser aún mayores si no se llevan a cabo actuaciones de emergencia encaminadas principalmente a minimizar los procesos erosivos producidos por las posibles tormentas de verano y primeras lluvias del otoño, que debido a la pérdida de la cubierta vegetal junto con la escorrentía producirán el arrastre del suelo y nutrientes.

Teniendo en cuenta estas premisas, se consideran los siguientes,

En ese contexto, el artículo 274.1 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura (en lo sucesivo, LAEx), prevé que Son zonas de actuación urgente aquellas en las que sea preciso adoptar medidas de conservación o de restauración inmediata después de haber sufrido una catástrofe o desastre natural. En particular, podrán ser declarados como tales los siguientes terrenos forestales:

En este supuesto nos encontramos ante la situación descrita en el apartado b) transcrito, por lo que procede la declaración de la actuación urgente en la zona asolada por el incendio, con los requisitos y efectos determinados en la normativa aplicable.

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 274.2 de la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, en relación con el Decreto 18/2026, de 30 de abril, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y con el Decreto 107/2026, de 26 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, el titular de la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal, órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales ha propuesto la declaración de Zona de Actuación Urgente del incendio de Pinofranqueado y otros municipios de la comarca de Las Hurdes.

Además, a esta propuesta se incorpora un Plan de Actuación en el que se describen los daños ocurridos y su valoración, los efectos del incendio sobre la vegetación, los trabajos a realizar para corregir las lamentables consecuencias del fuego y la prioridad que debe dárseles a cada una de esas actuaciones.

En este caso, resulta necesario intervenir con urgencia sobre los terrenos forestales, especialmente teniendo en cuenta que la mayoría de la superficie afectada se encuentra dentro de la Red Natura, para revertir, en la mayor medida posible, las consecuencias del incendio y evitar la producción de daños adicionales, especialmente los derivados de la erosión, la escorrentía y la afección a cauces e infraestructuras. Concurre, por tanto, un claro interés general en la ejecución de las medidas proyectadas.

Por otro lado, por su naturaleza y especialización, y al concurrir los requisitos del artículo 274.5.c) de la Ley 6/2015, los trabajos forestales de restauración de emergencia deben ejecutarse por la Consejería con competencias en materia de montes y aprovechamientos forestales con cargo a sus propios fondos, para lo que resulta necesario ocupar temporalmente los terrenos afectados, con independencia de su titularidad.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que de las 3.833,11 hectáreas afectadas por el incendio, 3.364,25 hectáreas se encuentran incluidas en terrenos integrantes del dominio público forestal —montes de utilidad pública n.º 100-CC Sierras de Pinofranqueado, 099-CC Sierras de Nuñomoral, 098-CC Sierras de Caminomorisco y 003-CC Dehesa de Casares—, gestionados por esta Dirección General de acuerdo con el artículo 231 de la Ley 6/2015, por lo que no hay duda de que el personal encargado de realizar las intervenciones promovidas por este órgano estará facultado para acceder y permanecer en sus terrenos. Las restantes 468,86 hectáreas son de propiedad privada; no obstante, a la vista del interés general concurrente y de la función social de la propiedad proclamada en el artículo 33.2 de la Constitución, dichos terrenos podrán ser ocupados a los exclusivos efectos de ejecutar las actuaciones descritas en el plan de actuación.

En consecuencia, por su notable interés general, los trabajos de restauración de las superficies forestales afectadas por el incendio descritos en el Plan de Actuación deben ser declarados de utilidad pública a los efectos de ocupación temporal de los terrenos necesarios para su ejecución, correspondiendo por ello la declaración de la ZAU al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

Así mismo, el artículo 50 LM dispone en su apartado 2 que El órgano competente de la comunidad autónoma fijará las medidas encaminadas a la retirada de la madera quemada y a la restauración de la cubierta vegetal afectada por los incendios que, en todo caso, incluirán el acotamiento temporal de aquellos aprovechamientos o actividades incompatibles con su regeneración por un plazo que deberá ser superior a un año, salvo levantamiento del acotado por autorización expresa de dicho órgano .

Esta norma se completa con lo previsto en el artículo 276 LAEx, que después de referirse a las obligaciones de la Administración forestal y de los titulares de terrenos incendiados en relación con la restauración forestal de aquellos, dispone que quedará prohibido el pastoreo por un plazo mínimo de un año salvo que por el órgano forestal competente se acuerde el levantamiento de dicha prohibición. En pastizales y terrenos agroforestales, en especial en los adehesados no se aplicará esta prohibición salvo que por el órgano competente en materia de montes y aprovechamientos forestales de la Comunidad Autónoma se determine expresamente cuando exista grave riesgo para la regeneración del arbolado .

En el caso de montes de titularidad municipal y declarados de Utilidad Pública, la madera podrá ser retirada por los Ayuntamientos propietarios mediante contratos de emergencia, debiendo ser finalizadas esas actuaciones en el plazo de seis meses, prorrogable por otros tres meses más si no se pudiera completar aquellas por causa no imputable al contratista.

Por otra parte, en cuanto al acotado al pastoreo de las superficies que deben regenerarse, ambos preceptos permiten que el órgano forestal lo levante, y en este supuesto se considera que la acción del ganado no perjudicará la recuperación de los terrenos si no se supera la carga ganadera que actualmente está pastoreando en ellos, de forma que cualquier modificación de ubicación o carga sí que necesitará de autorización expresa.

En virtud de todo lo anterior, es competente para dictar este Acuerdo el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, conforme a lo establecido en el artículo 274.3 LAEx, en relación con el artículo 90.3 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Industria, Energía, Ciencia y Territorio, este Consejo de Gobierno,

Esta declaración de utilidad pública se entiende sin perjuicio de la obligación de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten exigibles conforme a la normativa vigente para la ejecución material de las actuaciones proyectadas.

En el caso de que la madera no sea retirada en el citado plazo la Administración incluirá su extracción entre los trabajos para la ejecución del Plan de Actuación, sin contrapartida para el titular de los terrenos que no la haya sacado.

De la misma forma, procederá autorizar que los Ayuntamientos titulares de Montes de Utilidad Pública puedan proceder a la contratación de emergencia del aprovechamiento de la madera, debiendo completarse su retirada en un plazo de seis meses, prorrogable en otros tres si el contrato no pudiera ejecutarse por causas ajenas al contratista, y en todo caso antes de que se inicien los trabajos incluidos en el plan de actuación en la zona concreta del aprovechamiento.

Contra este Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 103.1.a) de la 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, las personas interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación o notificación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien impugnarlo directamente ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, según lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En el caso de que se interponga recurso de reposición, no se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta de aquel. Todo lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de la interposición de otros recursos que las personas o entidades interesadas estimen procedentes.